Entendiendo la Crisis Institucional del Perú: Gobierno v Congreso
Martín Vizcarra, Presidente de Perú, disolvió el Congreso de la República a principios de semana. Según él, su decisión la tomó en apego a la Constitución, la cual le permite cerrar el Parlamento y llamar a elecciones si el mismo le niega en dos ocasiones un voto de confianza. ¿Qué hizo el Poder Legislativo entonces? Responder de forma inmediata al nombrar a la primera vicepresidente, Mercedes Aráoz, como mandataria en funciones.
El Ejecutivo y el Legislativo del Perú están en conflicto desde 2016. Y la razón es simple: Luego de unas elecciones generales que dejaron un Parlamento dominado por el partido fujimorista Fuerza Popular (oposición) y la Presidencia en manos del conservador Pedro Pablo Kuczynski y su partido Peruanos Por el Kambio (PPK), el primero intentó gobernar ejerciendo presión sobre el segundo. La resultante fue el rechazo de la población.
Kuczynski sería investigado ese mismo año por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que le costó el cargo. Vizcarra, que era el primer vicepresidente para el momento, ascendió al poder con la tarea de hacer frente a una grave esfera de corrupción que acaparaba todos los sectores políticos del país… Y, a pesar de la transición y las promesas, el problema entre poderes no cesó. Se podría decir que pasó lo contrario: Vizcarra promovió reformas anticorrupción que se encontraron con negativas en el Congreso, señalado precisamente de corrupto.
El desenlace
Este lunes, el primer ministro peruano Salvador del Solar pidió ante el Parlamento que se diera trámite a la cuestión de confianza, un voto que expresa el apoyo del Legislativo a las políticas gubernamentales. Ya el presidente Vizcarra se había pronunciado sobre una eventual negativa del Congreso y que, si no procedían al trámite de la cuestión de confianza antes de votar por los miembros del Tribunal Constitucional (TC), disolvería el Congreso.
El Legislativo se dispuso a votar por los nuevos miembros del TC, sin antes decidir sobre la cuestión de confianza, lo que fue tomado como una negativa por Vizcarra, que respondió disolviendo el Parlamento.
La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó involucrarse en este conflicto y consideró constructivo el llamado a elecciones generales para el próximo 26 de enero. Dijo que competía al TC pronunciarse sobre este tema.
El pronunciamiento de la OEA llevó a Aráoz a dimitir a su puesto mientras el Parlamento evalúa dirigir un recurso ante el Tribunal para revocar su disolución.
